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TULTITLÁN, Méx.— La Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM) clausuró tres rampas de transferencia de basura ubicadas en San Pablo de las Salinas, las cuales operaban desde hace 30 años sin cumplir con ningún cuidado ambiental.

Juan Jacobo Pérez Miranda, titular de la PROPAEM, informó que el objetivo era clausurar “total y definitivamente” cuatro de las siete rampas de transferencia de basura que operan en la zona oriente de Tultitlán, aunque el propietario de una de ellas adujó que la notificación se realizó en otro domicilio, lo que impidió su cierre.

Añadió que estos cuatro son tiraderos clandestinos y en los otras tres rampas está en curso el procedimiento administrativo correspondiente.

Afirmó que en las rampas se efectúa la trasferencia y disposición final de residuos sólidos sin contar con los permisos ambientales establecidos en el Código para la Biodiversidad del Estado de México.

Salvador Luna Enciso, propietario de la rampa dos, afirmó que unas mil familias de San Pablo de las Salinas dependen de esta actividad, por lo que el cierre de los centros de transferencia los deja sin fuentes de ingresos.

A las rampas de San Pablo de las Salinas llegan cientos de “carretoneros”, como se denomina a los conductores de carretas llenas de basura tiradas por burros y caballos, provenientes de colonias de Tultitlán, Coacalco y Tultepec.

Cobros

Luna Enciso informó que cobra entre 100 y 250 pesos a los “carretoneros” por depositar su basura en la rampa, de donde él la lleva en camiones hasta el tiradero de Tultitlán, ubicado en la Sierra de Gudalupe, donde paga 300 pesos por camión.

Los “carretoneros” se dijeron sorprendidos por la medida implementada por la PROPAEM, pues no fueron informados de que serían cerradas las rampas.

El operativo estuvo resguardado por unos 100 policías estatales, a bordo de cerca de 20 unidades, sin que se presentara algún incidente durante la clausura de los tiraderos.

Pérez Miranda dijo que las rampas de transferencia contaminaban suelo y aire, además de que afectan la salud de los habitantes de las comunidades ubicadas en los alrededores.

Los encargados de las rampas y los “carretoneros” dijeron que buscarán la reapertura de los sitios, pues de su actividad dependen sus familias.