ATIZAPÁN, Méx. La edificación de una gasolinera en el Club de Golf La Hacienda enfrentó a colonos y la empresa constructora. Los primeros denunciaron irregularidades en el cambio de uso del suelo del predio y los segundos afirman tener los permisos correspondientes y amagaron con demandar por difamación a los vecinos.

En junio pasado la representante de colonos del Club de Golf La Hacienda, Katleen Butcher, presentó una denuncia ante al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) de la entidad, con folio 004259, para rechazar la construcción de la gasolinera en un predio de mil 700 metros cuadrados, que presuntamente se ubica en su comunidad.

Los colonos pidieron igualmente la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), a la que informaron que la gasolinera se localiza junto a un canal de aguas negras y a 100 metros de un manantial.

Posteriormente dirigentes vecinales de otros fraccionamientos de Atizapán, como Mayorazgos de los Gigantes, Arboledas, Vergel, Lomas de La Hacienda y Campanario, se solidarizaron con los colonos del Club de Golf La Hacienda y pidieron al gobierno municipal claridad en los cambios del uso del suelo, además de que anunciaron que participarán en movilizaciones.

“Somos ya muchísimas colonias afectadas por las autoridades (de Atizapán), cuando conceden en términos que solo ellos saben, permisos para cambiar el uso de suelo en terrenos  de uso exclusivo residencial de bajo impacto en terrenos de uso comercial, donde actualmente están en construcción gasolineras, plazas comerciales, hospitales y grandes desarrollos habitacionales, verticales y horizontales, restaurantes y centros nocturnos entre otros giros”, aseguraron en un comunicado los colonos del Club de Golf.

Jonathan Robles Fernández, representante legal de Promotora Arenteiro, aseguró que la gasolinera se construye en un predio de 622 metros cuadrados, ubicado en avenida de La Hacienda, que pertenece a San Mateo Tecolopan y no al Club de Golf La Hacienda.

Añadió que cuenta con permisos para la obra de los gobiernos federal, estatal y municipal, entre ellos de impacto regional, que a su vez incluye impacto vial y de riesgo ambiental, así como de cambio de uso de suelo, la licencia de construcción y la factibilidad de servicios.

Afirmó que la gasolinera no colinda con el canal de aguas negras, sino con un predio particular, y del manantial desconoce su existencia y ubicación.

Robles Fernández aseguró que demandará por difamación a los colonos, que tienen que demostrar ante instancias legales que su empresa obtuvo las autorizaciones para la apertura de la gasolinera con prácticas de corrupción, como lo han señalado dirigentes vecinales.

Expresó que el lote está bardeado desde hace 120 años y ha permanecido ocioso, por lo que ahora se convertirá en fuente de empleo para al menos 45 familias.